Celulares y cervezas ilegales le cuestan al fisco $760.000 millones al año

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a encender las luces rojas: el contrabando de mercaderías “ya alcanzó volúmenes sin precedentes” y está golpeando con fuerza a distintos sectores productivos. Los casos más visibles y de mayor crecimiento son los teléfonos celulares —donde uno de cada cuatro aparatos que se comercializan ingresó ilegalmente— y las cervezas, rubro que prácticamente no registraba este problema hasta hace un año y hoy ve cómo casi el 40% del volumen que circula en comercios de cercanía proviene del mercado negro.

Según cálculos preliminares solo por estos dos sectores el Estado deja de percibir cerca de $760.000 millones anuales en impuestos. Esa cifra equivale a casi tres meses completos de lo que hoy recauda por el Impuesto a los Combustibles (octubre arrojó $257.100 millones) o a ocho meses extras de lo que ingresa por Bienes Personales ($96.700 millones en el mismo mes). También representaría casi un mes adicional de Derechos de Importación, que en octubre sumaron $800.263 millones.

En celulares, la estimación del costo fiscal trepa a $768.250 millones anuales. El mercado local mueve entre ocho y nueve millones de unidades por año; de ese total, entre dos y tres millones llegan de contrabando (sin contar el bagayeo individual). El 80% se comercializa online y el 20% restante ya aparece en vidrieras de locales físicos. Los teléfonos no son falsificados: son originales traídos desde Oriente Medio, Italia o Polonia, entre otros orígenes, pero sin pagar los tributos correspondientes.

El fenómeno de la cerveza ilegal es más reciente y explosivo. Partió el año pasado en zonas de frontera y hoy se extendió al interior del país. El ingreso clandestino —principalmente desde Brasil y Paraguay— genera una pérdida mínima de $8.250 millones anuales en recaudación. La clave está en la carga impositiva: el 52% del precio final de una cerveza legal corresponde a impuestos internos que el producto de contrabando evade por completo, lo que le permite ofrecer precios hasta 60% más bajos.

Más allá de estos dos casos emblemáticos, la queja se repite en fabricantes de juguetes, tabaco, textiles y calzado, que ven cómo la competencia desleal amenaza empleo y producción local mientras el Tesoro pierde recursos esenciales en plena carrera por el equilibrio fiscal.